Hoy, una vez más las mujeres de
clase obrera y popular del Estado Español tenemos que hacer frente a un nuevo
ataque de un sistema que se empeña en acentuar la relación de poderes del
patriarcado y a degradar a la mujer a su utilidad maternal. Cualquier tipo de regulación del derecho al
aborto, es decir, la interrupción voluntaria y consciente de un embarazo por
parte del ser humano que lo sufre, supone el arrebato a la mujer de sus
derechos reproductivos y del control de su sexualidad.
La nueva reforma de la ley del
aborto consiste en un retroceso a la primera ley de 1985 y reduce los casos de
posibilidad de ejercer el derecho que es el aborto a supuestos de violación,
daño para la vida o salud física o psíquica de la madre y malformación
acentuada del feto. Estos casos, además, estarán estrictamente matizados y
regulados, impidiendo el derecho al aborto libre, obedeciendo, como siempre, a
los intereses de las clases dominantes y del género hegemónico. Pero, podemos además
poner nombre y apellidos a los interesados en controlar los embarazos de las
mujeres. La derecha más reaccionaria,
encabezados por la ultraconservadora Iglesia Católica juega un papel primordial
en el dictamen de esta reforma. Esta institución compara a la mujer con la
hembra de cualquier especie animal, reduciendo su función social a la de
asegurar la reproducción y el mantenimiento del ser human, por lo que niega el
derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad. En este sentido, la
imposición de una ley que pone trabas al aborto en supuestos en los que el feto
tenga alguna discapacidad o enfermedad responde a una ideología podrida que,
disfrazada en eslóganes como “Derecho a la vida” pretende reducir la capacidad
de decisión de las mujeres independientes y conscientes.
Mas no son sólo los grupúsculos ultra
reaccionarios los beneficiados con la nueva Ley, sino toda la burguesía
financiera en pleno, que se apoya en las nuevas condiciones de para el aborto
con el fin de continuar su marcha hacia la privatización de los servicios sociosanitarios.
La ley del aborto constituye un ataque
frontal, no solo contra las mujeres tradicionalmente oprimidas y menospreciadas
e sus capacidades, sino contra el
conjunto de la clase obrera, igualmente pisoteada y vejada en sus derechos.
La existencia de la objeción de conciencia permite también que los
profesionales puedan negarse por motivos ideológicos o religioso-morales a
practicar un aborto cuando lo mujer lo desea. Esto, junto con el impedimento a
las mujeres de 16 años a decidir sin la autoridad paterna, pone en bandeja a
los centros privados el encontrar las grietas legislativas que permitan la
máxima de “si tienes dinero, puedes hacerlo”. Por otro lado, la sombra del
copago para financiar estas intervenciones en detrimento de la financiación
pública rodea todo este aparato.
Por todo ello, desde el derecho al aborto libre y gratuito para
todas las mujeres en el seno de la Sanidad Pública, con un acceso libre a la
información y uso de métodos anticonceptivos y
un desarrollo libre de su sexualidad. Además, reconociendo que estas
realidades sólo serían posible en el contexto de una sociedad justa e
igualitaria, reivindicamos la expulsión
del lastre de la religión y moral católica de la esfera pública con la laicidad
del Estado Español y la implantación de una educación no patriarcal que respete
el derecho de las mujeres a decidir por
si mismas.